Javier Marzal.

Introducción

Tal vez el vocablo Abusocracia no sea etimológicamente correcto por
mezclar dos palabras de orígenes distintos (abuso del latín y cracia del griego);
sin embargo, precisamente el mestizaje es la fuente de toda creatividad e
innovación, por tanto de todo progreso natural, humano o social.
La Abusocracia es un término que escuché hace un par de años. Me pareció
muy útil para describir mi experiencia y la de una mujer que he estado
ayudando durante los dos últimos años. Un caso que sirve para describir la
situación social española y mundial, debido a la decadencia de la organización
social heredada de la Era industrial, desde la que estamos realizando una
transición hacia la Era de la información.
La Abusocracia hace referencia al gobierno de aquellos que abusan,
abarcando a los funcionarios públicos que abusan del poder que la sociedad ha
conferido a las instituciones públicas y a sus cargos.
Según Wikipedia puede existir abuso en Derecho (de autoridad, confianza,
derecho, sexual y espiritual), de representación en política y además, de
sustancias o de poder.
La Abusocracia hace referencia a un sistema social corrupto, porque los
principales colectivos institucionales utilizan el poder que la sociedad les ha
conferido, en beneficio propio, perjudicando a los habitantes de aquella zona
geopolítica donde ejercen sus funciones públicas.
En un sentido más amplio, también incluye a aquellos dirigentes y
organizaciones de los sectores privados o sociedad civil que utilizan su poder
-o el de la Abusocracia pública- para beneficiarse, en perjuicio de sus
stakeholders (accionistas, clientes, competencia u otros grupos de interés
relacionados con su actividad).
En 2008, un periodista italiano publicó un libro, sobre la corrupción y los
indecentes privilegios de la clase política de su país a la que denominó: La
Casta. Un año después, un periodista español hizo el mismo estudio sobre los
políticos españoles, utilizando también La Casta para referirse a ellos. La
denominación de La Casta evoca a la mafia, además ambas utilizan la
coacción, aunque La Casta utiliza la coerción propia del Estado, es decir, la
posibilidad de utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El 7 de septiembre de 2011, una de las principales emisoras de radio
españolas informó que, en lo que llevábamos de año, se habían publicado unos
10 libros dedicados a la corrupción institucional -sobre todo política- y que en
los próximos meses aparecerán varios más.
Sin embargo, cualquier tipo de corrupción, incluyendo la política y la

administrativa, sólo puede alcanzar los niveles españoles cuando no funciona el
Estado de Derecho. En este sentido, son los policías, fiscales y jueces, quienes
tienen la responsabilidad, la función y los medios, para impedir la corrupción,
disuadiendo a aquellos que pretendan beneficiarse ilegítimamente de sus
cargos o de su poder.
Tal vez, los gobernantes españoles no les asignan suficientes medios para
evitar que estos técnicos de la Ley y el orden hagan su trabajo. De esta forma
tienen que limitar su actividad a los delitos comunes, dejando libre y
encubierta la corrupción institucional.
La combinación de numerosas leyes anticonstitucionales y la incompetencia
judicial han hecho que en España, el Estado de Derecho funcione mal porque
incentiva la delincuencia y perjudica a aquellos que, desgraciadamente,
tenemos que recurrir a la intervención de sus funcionarios o técnicos.
Este libro es una crítica del actual estado de incompetencia y corrupción
policial y judicial, instrumentado en un caso real y actual sucedido en España
desde 2009 hasta que se cumpla la Ley.
Es mi historia junto con una mujer, ambos cincuentones y con conductas
intachables, que hemos sido agredidos por dos jóvenes apoyados por agentes
de varios Cuerpos de Seguridad del Estado -en adelante policía-, fiscales y
jueces. Esta arbitrariedad policial y los prejuicios han hecho que los fiscales y
jueces de primera instancia e instrucción también hayan actuado vulnerando
nuestros derechos y libertades.
Este caso puede servir para confirmar la popularmente conocida
incompetencia y corrupción de estos funcionarios públicos, institucionalizada
en sus procedimientos y actuaciones. Probablemente aumenta el nivel cuando
coincide que en un partido judicial sólo hay un tipo de policía y un numero
reducido de juzgados. Pero en este caso, han sido varios cuerpos policiales,
fiscales y jueces de primera instancia de varias Comunidades Autónomas, por
lo que su extensión puede servirnos para tener una visión referencial de la
situación nacional.
Ante la actuación caprichosa de los mencionados funcionarios, hemos
requerido la intervención de varios colegios de abogados e instituciones
nacionales como el Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo,
Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal y la Dirección General de la Policía y la
Guardia Civil; además, de informar a la Casa Real de lo sucedido.
Esta es mi primera experiencia con las instituciones del denominado
Estado de Derecho. Cuando todo empezó tenía 49 años y nunca había tenido
problemas judiciales. Tengo un alto nivel educativo y socioprofesional, ni
siquiera había tenido contacto con la policía dado mi tipo de vida respetuoso
respecto de la Ley, del funcionamiento social y de los demás.
Desde entonces, una joven que tenía 24 años -a la que llamaré
Delincuente- ayudada por personas próximas a ella, nos ha agredido, a
Perjudicada -su madre- y a mí, en lugares públicos con numerosos testigos
identificados, en mi caso con parte de lesiones y grabada la agresión; nos ha
acosado y perseguido en coche; nos ha coaccionado de diferentes formas; ha
allanado cuatro veces nuestra morada en dos Comunidades Autónomas y

usurpado una de ellas donde convivió con su Novio-cómplice más de un año,
acosándonos, persiguiéndonos y robando todas las pertenencias de
Perjudicada, algunas mías y algunas de mi hija, menor de edad, cuando estuvo
unos días con nosotros de vacaciones; ha estafado y chantajeado a su madre e
intentado otras estafas que constan en varias grabaciones; ha secuestrado a
su madre según ésta; nos ha difamado y calumniado; nos ha denunciado en
repetidas ocasiones con hechos falsos; ha cometido falso testimonio (perjurio)
declarando mentiras a un juez y en un juicio; se ha conchabado con policías
para que coincidan en sus declaraciones, atestados y denuncias; ha simulado
dos veces un delito, uno de ellos la agresión grabada; Según Perjudicada, su
hija Delincuente la está asesinando psicológicamente para quedarse con su
patrimonio, del que ya tiene el usufructo por apropiación indebida; ha
conspirado y planificado mi muerte. Y más actuaciones delictivas que no están
denunciadas porque no podemos probarlas.
Por parte policial o judicial: detenciones ilegales, intimidación, una
sentencia arbitraria que he recurrido, sobreseimiento sin causa justificada,
tortura hacia los dos, perjurio, secuestro, indiscriminación inconstitucional y
otros atentados contra nuestros derechos y libertades, así como contra el
Estado de Derecho.
Existen pruebas contundentes de todas estas actuaciones delictivas que
constan en 23 denuncias, quejas y reclamaciones desde el 5-2-2010, donde
también se denuncian las actuaciones de varios agentes policiales, del Jefe de
un cuartel, de varios jueces y de la fiscalía.
El cuartel del mencionado Jefe es el que más ha intervenido en esta
historia y le denominaré Cuartel-corrupto y a su jefe le llamaré El-Padrino.
Las cinco veces que Delincuente y sus cómplices se han acercado a
Perjudicada y a mi, hemos telefoneado a la policía para que nos protegieran,
pero en cuatro ocasiones sus agentes han empeorado la situación abusando de
su autoridad. Han llegado a detenerme y escoltar a Delincuente mientras ésta
desvalijaba nuestra vivienda delante de nosotros.
Como veremos, estos funcionarios públicos tomaron partido
prejuiciosamente por la pareja de jóvenes, encubriendo sus propias
actuaciones irregulares y archivando sistemáticamente todas nuestras
denuncias o manteniéndolas paradas sin comenzar las investigaciones
(diligencias) durante más de un año, incumpliendo los plazos establecidos por
la Ley que, además, indica que deben reducirse todo lo posible cuando una
menor ha sido perjudicada como es el caso.
Por el contrario, las denuncias falsas de Delincuente siempre nos han
causado inmediatas actuaciones policiales, molestas y gravosas, incluyendo
mis tres detenciones irregulares, dos veces con pernoctación en un calabozo, y
miles de kilómetros en coche. En este sentido, ya veremos que Perjudicada
salió peor parada aún. Incluso tuvimos que cambiar de Comunidad Autónoma,
por prudencia, para evitar las acciones de Delincuente y de la policía
mencionada.
Que una persona decente haya estado en un calabozo es indigno, atenta
contra los derechos humanos y contra la credibilidad del Estado de Derecho, de

sus instituciones, empleados y defensores.
Desgraciadamente, nos hemos visto obligados a recurrir al sistema y nos
hemos encontrado con unos funcionarios prejuiciosos y arbitrarios que no se
ajustan a los hechos ni a la Ley, olvidando el carácter probatorio del Derecho
que debe regir en sus actuaciones, a la vez que nos dejaban en una terrible
situación de acoso y de indefensión e inseguridad jurídicas.
Desde noviembre de 2010, ante la situación de desamparo, he tenido que
informarme sobre el funcionamiento institucional, las leyes y los reglamentos
relacionados con este caso, entre otros: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea de 2000, la Constitución española de
1978, el Código Penal, el Código Civil, la ley de Enjuiciamiento Civil, la ley de
Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia, la Ley de asistencia jurídica gratuita, así como
otras leyes e informaciones adicionales.
He dedicado cientos de horas para hablar con abogados y jueces, así como
para recabar documentación y numerosas pruebas, incluyendo grabaciones de
las actuaciones irregulares y delitos de algunos de los implicados. Este
aprendizaje e información me sirvieron para poder defenderme un poco ante
las actuaciones públicas arbitrarias -o malintencionadas-, también para los
recursos judiciales, quejas y reclamaciones que estoy teniendo que presentar
contra la corrupción institucional o Abusocracia.
Estos funcionarios públicos están tratando de disuadirnos en la utilización
de sus servicios porque, como sabe todo español, éste es el objetivo claro y
común del funcionamiento de las administraciones públicas españolas. Incluso
algunos han intentado intimidarnos, como está denunciado, abusando de su
poder.
He hablado con más de diez abogados sobre este asunto -incluyendo
socios-directores de uno de los principales despachos españoles- y, salvo uno
de oficio, todos coinciden en que el abuso de autoridad y el encubrimiento
mutuo de estos funcionarios públicos es la práctica habitual, añadiendo que
nada que les contara les iba a parecer escandaloso ni nuevo.
Estas afirmaciones más esta experiencia personal me invitan a pensar que
la corrupción está institucionalizada en los funcionarios de la Ley y el orden.
Me recomiendan que no vaya contra el sistema, porque es muy corrupto y
poco autocrítico por lo que no conseguiré nada.
He comprobado que éste es un negocio de mentirosos donde los policías,
fiscales, jueces de primera instancia e instrucción, abogados e inculpados
mienten constantemente, incluso en los documentos públicos como he
denunciado.
Pues bien, el 26 de noviembre de 2011 llega el escándalo: dictaron el
sobreseimiento o archivo del expediente que acumulaba la mayoría de
nuestras denuncias, encubriendo los delitos cometidos. Los Juzgados-corruptos
de primera instancia no hicieron una instrucción de nuestras denuncias, pero
las retuvieron durante más de 14 meses, ¿con qué intención?
El 7 de noviembre presentamos el recurso de apelación para salir de ese

partido judicial corrupto, haciendo que sea la Audiencia Provincial la que
juzgue.
Confío en que este libro sirva para que la opinión pública aumente su
conciencia del deterioro institucional y reaccione exigiendo transparencia y el
cumplimiento de la Ley. También para evitar que siga sucediendo lo mismo y
otras personas sufran la Abusocracia.
También puede ser útil para ayudar a que los policías, fiscales y jueces que
están interviniendo en este caso, tengan un mayor conocimiento de él,
cambien su comportamiento y cumplan la Ley, así como para que los
gobernantes asignen los medios judiciales que requiere el cumplimiento de los
plazos previstos en las leyes que ellos han aprobado. Las calificaciones
jurídicas y morales de las actuaciones de todos los intervenientes incluidas
pueden serles útiles.
Paradójicamente hemos llegado a una extraña situación en la que algunos
funcionarios que viven de las leyes no las cumplen, convirtiéndose en
delincuentes, siendo nosotros quienes exigimos su cumplimiento en contra de
sus actuaciones corruptas por uso indebido de sus funciones.
La crisis internacional de 2008 se ha calificado de sistémica, pues bien,
este libro pone de manifiesto una corrupción sistémica de los funcionarios de la
Ley y el orden, así como de las leyes y procedimientos inconstitucionales, que
corrompen el Estado de Derecho. El carácter sistémico hace que la corrupción
se extienda desde y hacia los políticos, y hacia los empresarios y el pueblo
entero.
En referencia a España, ¿es sostenible una sociedad con un Estado de
Derecho donde es habitual que La Casta (políticos), policía, fiscales y jueces de
primera instancia no cumplan la Ley?
En mis denuncias y en este libro no pido justicia sino que, en virtud de mis
derechos como persona y como español, exijo que los funcionarios públicos
cumplan la Ley, como todos tendríamos que hacer para que España progrese y
los españoles podamos tener una vida digna que la corrupción nos niega.
Por último, Perjudicada me ha autorizado a hacer público todo el contenido
de este libro aunque no coincida con todas mis opiniones sobre ella.
Como puede verse en el índice, el libro incluye tres anexos que pueden
facilitar la identificación de los participantes principales y el seguimiento
cronológico de los sucesos. En cuanto a los intervinientes incluye una breve
descripción y explicación del apodo. El resumen de sucesos puede ser útil para
ubicar hechos ya leídos o para releer un resumen de toda la historia, de forma
que se pueda tener una visión completa, en pocas páginas, de lo sucedido. El
último anexo contiene algunos de los derechos ante la justicia que han sido
vulnerados en este caso y que conviene que todos conozcamos. Algunos
artículos van acompañados de algunos comentarios sobre este caso.