Fuente diario Público.

La Xunta de Galicia pagó casi dos millones de euros en cinco años a empresas vinculadas a personas del entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo mediante 35 expedientes registrados en su plataforma de contratación como contratos menores, que fueron asignados por varios departamentos de la Administración autonómica y cuya cuantía excede el máximo legal de esa modalidad de contratación.

Se trata de 32 adjudicaciones a la cabecera y las filiales del Grupo Eulen, la compañía de seguridad, limpieza y servicios cuya directora para el noroeste de España es la hermana del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo; y otros tres con Universal Support, la firma coruñesa de telemárketing vinculada a la multinacional Konecta, de la que es director comercial Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas. A ellos se suman otras dos licitaciones consecutivas en favor de otra filial de la primera de esas sociedades que se valoraron sólo un céntimo por debajo del límite máximo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.

Esa norma considera contratos menores los que tienen un valor estimado inferior a 40.000 euros más el impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuando se trata de la ejecución de obras –es decir 48.400 euros aplicando el tipo ordinario de ese impuesto–, o a 15.000 euros más IVA –18.150 euros incluyéndolo– en el caso del suministro de bienes o la prestación de servicios. Esos contratos se pueden adjudicar directamente y sin concurso a cualquier empresa o persona física obviando las normas generales de publicidad, concurrencia y transparencia de la contratación pública convencional.

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Si se acoge a ellos, la Administración tampoco está obligada a hacer pública la documentación completa de los expedientes, incluidas memorias justificativas; pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas; empresas que acuden al concurso o las valoraciones y resoluciones fundamentadas de las mesas de contratación, sino que puede facilitar sólo el objeto genérico del contrato, su duración e importe y la identidad del adjudicatario.

Según la documentación a la que ha podido acceder Público, hay 24 adjudicaciones a empresas vinculadas con la familia consanguínea o política de Feijóo que se otorgaron cuando este era presidente de la Xunta, por una suma global de 703.151 euros. Otras diez, por 1.232.822 euros, se concedieron bajo el mandato de su sucesor, Alfonso Rueda. En total, estos 34 contratos suman 1.935.973 euros.

La Xunta alega que los expedientes se registraron «por error» o «por incidentes en la codificación» como contratos menores, pero que en realidad no lo son

La Xunta alega que no se trata realmente de contratos menores, sino de pagos mensuales por convenios previos que sí se licitaron mediante procedimientos abiertos a otras empresas; de prórrogas de otros concursos públicos ganados por las citadas compañías; o de facturas de contratos menores por un valor inferior al límite legal, pero que fueron agrupadas en un mismo pago que sí lo supera. Los portavoces de los departamentos de la Administración autonómica que adjudicaron esos contratos, a preguntas de Público, indicaron que se habían registrado como licitaciones menores «por error» o por «incidentes en la codificación».

Los contratos con Universal Support.

El 27 de abril de 2022, sólo tres días antes de que el Diario Oficial de Galicia anunciara la dimisión de Feijóo tras el anuncio de su marcha a Madrid para presidir el PP, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) publicó la adjudicación directa a Universal Support SA de dos contratos archivados como menores pero con valores superiores al tope legal: 170.757 y 33.317 euros, respectivamente. Las referencias que hizo públicas la Consellería de Sanidade contemplan un objeto muy similar: «Diciembre 2021 Call Center NA-SER-21-062» y «Diciembre 2021 Call Center NA-SER1-21-063».

Dos años antes, en 2021, la Xunta había contratado a Universal Support, una firma de telemárketing sin experiencia en el sector sanitario, para poner en marcha los centros de atención telefónica contra la covid y de seguimiento de los casos de la enfermedad. Aquel encargo fue por el procedimiento de emergencia, distinto al de la contratación menor pero que también permitía a la Xunta adjudicar sin concurso alegando el estado de alarma derivado de la pandemia.

El Sergas aseguró en una primera comunicación con Público que esos expedientes «figuran erróneamente como contratos menores» en su perfil de contratación «por un error en el código empleado en el documento contable». «En realidad se trata de pagos de facturas de dos contratos basados en el acuerdo marco de los servicios de contact-center de la línea de atención telefónica de la covid», indicó el organismo. Esa adjudicación se tramitó, con un valor estimado de dos céntimos de euro, por el procedimiento de la asociación para la innovación, que tampoco contempla el concurso público convencional y que, según la ley de contratos, permite a la Administración «invitar» a un empresario a «participar» en proyectos de investigación e innovación, tras una preselección entre las empresas candidatas que se presenten libremente si la oferta les interesa o la consideran rentable.

Público preguntó en segunda instancia al Sergas por el reducido valor del convenio que dio lugar a los dos pagos a Universal Support registrados como contratos menores, así como por la elección de la modalidad de la asociación para la innovación para adjudicárselo, cuando los anteriores acuerdos para los call center de la covid que había conveniado previamente con la misma empresa habían sido asignados por el procedimiento de emergencia.

Sobre lo primero, el Sergas explica que «el programa informático desde el que se sube la información a la plataforma [de contratación pública] exige cumplimentar necesariamente el campo ‘Presupuesto de licitación’, y en los acuerdos marco no existe dicho presupuesto». «El motivo por el que figura con 0,02 euros es porque un acuerdo marco no tiene, por definición, un presupuesto de licitación, sólo un valor estimado de los contratos que se basarán en él», añaden los portavoces del organismo.

En el caso de los que se sustanciaron en el convenio marco adjudicado a la empresa en la que trabajaba Cárdenas, por el que este diario volvió a pregunta al Sergas, el valor estimado que no aparece en la plataforma era en realidad de 3.812.850 euros, según admitió la Xunta a Público. El Gobierno gallego no ha aclarado si llegó a pagar a Universal Support todo ese importe en su integridad, ni por qué no lo incluyó en el apartado «Presupuesto de licitación» en vez de los 0,02 euros.

Sobre la elección de la modalidad de la asociación para la innovación, el Sergas explica que si bien «en un primer momento la situación del Estado de Alarma obligó a una respuesta urgente y solo procedía acudir a la [tramitación de] emergencia«, después, «en cierta medida estabilizada la situación pero existiendo brotes y continuando la necesidad de mantener el servicio, ya se procedió a contratarlos por los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, considerándose el más adecuado el acuerdo marco».

Además de esos dos contratos con Universal Support que fueron registrados «por error» como contratos menores, según la Xunta, este diario ha tenido conocimiento de otro expediente que, con idéntica referencia que el segundo, se publicó en enero de 2022 con el objeto «Contrato basado en el acuerdo marco de los servicios de contact center de la línea de atención telefónica del covid-19. Contrato complementario mes diciembre». Su valor era de otros 58.307 con IVA y su plazo de ejecución, cuatro días.

Sin respuesta.

El Sergas se lo adjudicó a la empresa filial de Konecta mediante otro instrumento diferente a las anteriores: el procedimiento negociado sin publicidad, que la ley de contratos reserva a los casos en los que las administraciones no han recibido «ninguna oferta adecuada» en un procedimiento abierto previo; cuando se trata de un contrato declarado secreto o reservado, o cuando así lo exige «la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado», entre otras circunstancias excepcionales que incluyen la adquisición de obras de arte, bienes u objetos únicos, o la contratación de servicios que sólo presta una sola empresa sin competencia conocida.

Público ha preguntado a la Xunta por las circunstancias en las que se tramitó ese expediente y por qué bajo una misma referencia figuran dos contratos con presupuestos de licitación base diferentes. El Sergas asegura que no son contratos distintos sino el mismo: «El contrato NA-SER1-21-063 tenía un presupuesto de 58.307,48 euros, que no se ejecutaron totalmente, siendo facturados y pagados los 33.318,56 euros correspondientes a dicha factura de diciembre». 

Lo cierto es que en su plataforma ésta última cifra no aparece como precio finalmente facturado sino como precio de licitación. El Sergas añade que ese pago «figura erróneamente en el portal como contrato menor por un error en el código empleado en el documento contable mediante el que se abonó la factura. Se tramitó un ADOK [un sistema de contabilidad que permite agrupar en un único documento todas las fases de la adjudicación] y se comunicó como contrato menor cuando no era tal, ya que se trataba del pago del contrato».

Este diario ha intentado sin éxito contactar con Ignacio Cárdenas. La empresa para la que trabaja, Konecta, especializada en la externalización de procesos de negocio y propiedad del empresario sevillano José María Pacheco, que adquirió Universal Support en 2012 al extinto Banco Popular, sí ha respondido a través de su agencia de prensa para asegurar que los tres contratos con la Xunta, que suman 262.383 euros «se llevaron a cabo conforme a los procedimientos internos y al marco normativo aplicable, tal y como es habitual en la organización».

Konecta, la multinacional para la que trabaja el cuñado de Feijóo, sostiene que las contrataciones «se llevaron a cabo conforme al marco normativo aplicable»

Los contratos con Eulen.

En cuanto a la empresa de la que Micaela Núñez Feijóo es directora para el noroeste de España, el Sergas adjudicó a Eulen Seguridad SA entre abril y septiembre de 2024, es decir con Rueda ya en la presidencia de la Xunta, ocho contratos que también se registraron como menores y con un mismo objeto: «Seguridad». Todos superaban el tope legal de la contratación menor y suman un total de 1.187.094 euros.

Cinco de ellos fueron suscritos consecutivamente con la citada filial de Eulen en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024, por una cantidad idéntica: 222.254 euros con IVA, lo que multiplica por más de doce el tope establecido por la ley. La suma de esos cinco expedientes supera los 1,11 millones. Los otros tres, de 22.242, 25.211 y 28.367, están un 22%, un 39% y un 56%, respectivamente, por encima del máximo legal.

Sobre las cinco adjudicaciones con el mismo importe, el Sergas alega de nuevo que, como en el caso de Universal Support, no son en realidad contratos menores, y si aparecen como tales en sus registros es por «un error en la codificación del tipo de procedimiento». «Hay que tener en cuenta que, debido al enorme volumen de procedimientos que tramita la Administración autonómica, a veces se producen este tipo de incidentes en la codificación», relatan los portavoces de la Xunta.

Esas fuentes matizan que esos pagos que aparecen en sus registros como adjudicaciones de contratos menores sin concurso responden en realidad «a las prórrogas de un procedimiento abierto que se hicieron para garantizar la continuidad de un servicio público esencial, en este caso, de vigilancia y seguridad en el área sanitaria de A Coruña».

Público ha reclamado al Sergas en dos ocasiones la justificación documental de esas prórrogas dado que, si responden a un procedimiento de tramitación ordinaria abierta y no son por tanto contratos menores, la Administración está obligada por ley a hacerla pública. El organismo no ha facilitado esa documentación y se ha limitado a informar por correo electrónico que consideraba contestadas todas las preguntas que le planteó este diario.

En cuanto a las otras tres adjudicaciones a Eulen, se trata, según la versión de la Xunta, «de pagos de servicios de vigilancia de centros de salud», cuyas facturas «fueron agrupadas en el mismo pago pero individualmente y por objeto no exceden del importe del contrato menor«. El Sergas tampoco ha facilitado a Público la justificación documental que sustenta esa explicación, tal y como este diario le reclamó expresamente, ni a qué centros sanitarios concretos se refieren.

Contratos con la Consellería de Política Social.

Además de los ocho contratos del Sergas con Eulen Seguridad SA, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, dependiente de la Consellería de Política Social y que financia los servicios a dependientes prestados por ayuntamientos y mancomunidades, también adjudicó a Eulen Servicios Sociosanitarios SA entre marzo de 2019 y marzo de 2024 otros 24 contratos registrados como menores, cuyos precios también exceden el tope legal y suman 544.803 euros. Es decir una media de 22.700 euros cada uno, un 25% sobre el máximo permitido.

La Consellería de Política Social de la Xunta, que dirige Fabiola García –esposa del exdirector de comunicación de Feijóo en la Xunta, Lucas Martinón– explica que esos pagos responden a facturas de cuatro conciertos previos, licitados en concurso público abierto y ganados por Eulen, para la gestión de cuatro de los 200 centros de la red del Consorcio. «Por la forma de tramitar su pago mensual aparecen reflejados en la plataforma como contratos menores» pero, según la Xunta, tampoco lo son. «La facturación se realiza por centro y por mes para facilitar la contabilidad y la liquidación del servicio», mantienen fuentes del departamento de Fabiola García.

Por otro lado, la Consellería de Cultura, Educación e Universidades otorgó sin concurso a Eulen SA, la matriz del grupo, otros dos contratos menores consecutivos publicados en la misma fecha –el 3 de septiembre de 2021, cuando el responsable de ese departamento era Román Rodríguez– por 18.149,99 euros cada uno. Es decir solo un céntimo por debajo del tope máximo de 18.150 euros que habría obligado a convocar un concurso abierto a su competencia. El objeto de esas adjudicaciones era «Control de aspectos estadísticos asociados a los visitantes y otros aspectos de carácter general en relación a la exposición», en el primero de ellos; y «Servicio de vigilancia e información al público visitante de la exposición», en el segundo.

Público ha preguntado en dos ocasiones a la Consellería de Cultura, que hoy dirige José López Campos, de qué exposición o exposiciones se trataba, y si, en el caso de que fuera una sola, existían razones para dividir en dos la contratación de una misma empresa para prestar servicios en la misma. También le ha pedido conocer las circunstancias que motivaron que el importe de ambas adjudicaciones fuera idéntico y al límite de la legalidad de la contratación menor. Aunque la Consellería de López Campos se comprometió hace más de dos semanas a dar una respuesta, todavía no la ha ofrecido.

Sin respuesta de Eulen ni de Micaela Núñez Feijóo

Este diario también se ha dirigido al Grupo Eulen para pedir la valoración de la compañía sobre las cuestiones relatadas en este artículo, pero la empresa, fundada por el empresario leonés David Álvarez Díez y que hoy preside una de sus hijas, María José Álvarez Mezquíriz, ha declinado pronunciarse. Tampoco ha sido posible contactar con Micaela Núñez Feijóo para obtener su versión.

Investigaciones previas de Público desvelaron que desde que Feijóo recuperó el poder en Galicia en abril de 2009 y hasta 2024, sus gobiernos y los de Rueda adjudicaron a Eulen más de 52 millones de euros en contratos públicos de todo tipo, multiplicando las cantidades que las empresas del grupo recibían hasta entonces. En algunos casos, con indicios de que disponía de información privilegiada, de trato de favor o incluso coincidiendo con nombramientos y ceses discrecionales en los organismos responsables de esas licitaciones. Dos de esos contratos se tramitaron en 2023 cuando la prima carnal de Feijóo y de su hermana Micaela, Eloína Núñez Masid, era la gerente del Sergas en el área sanitaria de Santiago, que entregó a Eulen dos adjudicaciones por más de 3,9 millones.

Desde que Feijóo accedió a la Xunta en 2009 hasta 2024, Eulen ha recibido contratos de la Administración autonómica por más de 52 millones de euros

En abril de 2024, el Consello de Contas de Galicia desveló que Universal Support, la compañía para la que trabaja el cuñado de Feijóo, sin experiencia alguna en el sector sanitario y cuyo modelo de negocio se basaba en el telemárketing comercial, había recibido contratos de emergencia de la Xunta para gestionar los centros de atención, asesoramiento y rastreo telefónico de casos de covid por más de 15,2 millones de euros, convirtiéndola en la más beneficiada por el fondo de contingencia para financiar la lucha contra la enfermedad que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en manos de la Xunta.

El año pasado, el Parlamento de Galicia celebró una comisión de investigación, instada por el BNG mediante una norma interna de la Cámara que le permitió sortear la oposición del PP, para analizar las adjudicaciones de la Xunta a empresas vinculadas a la familia de Feijóo. Esa comisión reclamó a la Administración de Rueda todos los expedientes de esos encargos de los que tuviera constancia. La Xunta de Galicia remitió información sobre más de 825 contratos suscritos con el Grupo Eulen y con Universal Support entre 2005 y octubre de 2024, pero ocultó otros 1.133 que sí aparecían en su plataforma de contratación en años posteriores.